Tribunal Supremo de España bloquea derechos de voto a 163.020 ciudadanos de la 'ley de nietos'

El Tribunal Supremo de España dictaminó el 12 de octubre de 2026 que 163.020 ciudadanos españoles recién naturalizados registrados en el censo de electores residentes en el extranjero no pueden votar en las elecciones generales programadas para el 29 de noviembre. La Sección Cuarta de la Sala de lo Contencioso-Administrativo rechazó un recurso de la Fiscalía del Estado y mantuvo en vigor una suspensión cautelar que fue ordenada inicialmente el 10 de septiembre.

Lo que decidió el tribunal

La suspensión se aplica a los registros en el Censo de Electores Residentes en el Extranjero (CERA), el padrón electoral utilizado por los españoles que viven en el extranjero. Según cifras citadas en la cobertura mediática española del fallo, 163.020 personas que se registraron en el CERA a través de la cuestionada ruta de naturalización fueron afectadas por el cierre del censo el 12 de octubre, de un total de aproximadamente 544.722 personas que habían obtenido nacionalidad a través de este procedimiento y 369.017 que se habían inscrito en el CERA en general hasta junio de 2026.

El tribunal señaló que el fallo no priva a nadie de la nacionalidad española en sí. Lo que suspende es una consecuencia específica de esa nacionalidad: la inclusión en el censo electoral para esta elección en particular. Según la cobertura de Infobae del fallo, los jueces describieron la amenaza a la integridad del proceso electoral como un peligro "fundado, real y grave" para la objetividad y transparencia del censo.

Antecedentes: la 'ley de nietos'

La disputa se remonta a la Ley de Memoria Democrática de España, aprobada en octubre de 2022, que permite a hijos y nietos de españoles que se exiliaron durante la Guerra Civil y la dictadura franquista reclamar la nacionalidad española. Poco después de que la ley entrara en vigor, una instrucción atribuida a Sofía Puente, una funcionaria de alto nivel del ministerio de justicia, ordenó a los registros civiles presumir la condición de exiliado para cualquier persona que hubiera dejado España entre 1936 y finales de 1955, sin exigir prueba documental de que la salida estuviera motivada políticamente.

Vox y la organización Iustitia Europa impugnaron esa instrucción y solicitaron al Tribunal Supremo medidas cautelares en su contra. El tribunal otorgó la suspensión el 10 de septiembre y ahora la ha confirmado antes de la votación de noviembre.

El gobierno y los fiscales querían levantarla

La Fiscalía del Estado y la Fiscalía de la República pidieron al Tribunal Supremo que levantara la suspensión, argumentando que era prácticamente imposible revisar los aproximadamente 163.000 a 170.000 expedientes afectados individualmente antes de las elecciones. El tribunal rechazó ese argumento, diciendo que la Administración no había aclarado suficientemente qué medidas había tomado para ejecutar la orden de septiembre durante el mes que la siguió. Uno de los seis magistrados del tribunal se apartó del fallo, según los reportes sobre la decisión.

El ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, criticó el resultado, diciendo que parecía que algunos no consideraban muy importante el derecho al voto.

Por qué importa para las elecciones del 29 de noviembre

Los medios españoles que cubren el fallo señalan una superposición con las elecciones generales de 2023: estimaciones basadas en una participación histórica de alrededor del 9% entre votantes residentes en el extranjero sugieren que aproximadamente 14.700 personas que votaron en 2023 no podrían votar en 2026 bajo la suspensión actual, porque su registro cae dentro de la categoría cuestionada. El censo general de electores españoles residentes en el extranjero (CERA), que abarca todos los países y rutas de naturalización, creció aproximadamente un 17,7% entre las elecciones de 2023 y 2026; según el reportaje de Infobae, gran parte —aunque no toda— de ese aumento está vinculado a la instrucción de 2022 sobre la presunción de exilio.

Bajo el fallo, las personas afectadas por la suspensión aún pueden votar si pueden documentar que la salida de España de su antepasado fue por motivos de exilio, en lugar de depender de la presunción general establecida en la cuestionada instrucción de 2022.

Lo que aún permanece sin resolver

El fallo es una medida cautelar, no una sentencia definitiva sobre la legalidad de la instrucción de 2022 o el alcance general de la 'ley de nietos'. El caso subyacente sobre si la instrucción implementó correctamente la Ley de Memoria Democrática continúa pendiente ante los tribunales. El gobierno ha indicado que puede continuar impugnando la suspensión, mientras que Vox e Iustitia Europa argumentan que protege la integridad del censo electoral.